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  XI Congreso de Historia de Colombia      
  

XI Congreso de Historia de Colombia

PONENCIAS (texto completo)

El clero y la violencia en Antioquia, 1949 a 1953
Gustavo Mesa

 

1. Dos actores: el pueblo y el clero

A mediados del siglo XX Antioquia disfruta de una imagen que se ha venido ganando palmo a palmo a lo largo de la centuria, período durante el cual se erige como verdadera columna vertebral en la vida nacional. Con unos 63.000 kilómetros cuadrados, tiene 1.543.328 habitantes según el censo de 1951[1] (Figura 1), pero a pesar de la urbanización creciente, esa población sigue siendo rural: habita en el campo un 59% y realmente depende de él un 66%[2] (Figura 2). En general las posibilidades de vivir son buenas, y en condiciones normales la muerte por causas naturales no tiene por qué ser tan inminente.[3] La población en las ciudades colombianas se ha visto crecer en forma sorprendente en lo que va corrido del siglo. Por ejemplo, Medellín duplicó su población cada diez años, y de 71.937 habitantes que tenía en 1912  pasó a los 358.189 en 1951[4]. Pero no sólo la población creció. También por un impulso inusitado a la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra disponible el departamento llegó a convertirse en líder industrial y en modelo económico para el país.

 

La institución eclesiástica, organizada sobre la base de cuatro jurisdicciones sólidamente asentadas en sus respectivos territorios y depositarias de una tradición cultural que nace en la mayoría de los casos en la misma época de la Colonia, es el principal apoyo de ese crecimiento. Así lo demuestra el lugar que en los imaginarios sociales tienen las representaciones del poder que ostenta la Iglesia, manifestado a través del boato de su liturgia, de la osada actuación de los miembros del clero en la gestión municipal, de la incidencia que tiene en la vida diaria local el complejo edificio de sus jerarquías, y de la correlación de fuerzas entre éstas y electores y tenientes del poder político municipal, todo lo cual viene a constituir el eje central de la cultura en la región. Por la proyección sobre el futuro más inmediato que tienen los acontecimientos que se precipitan a finales de la década del cuarenta y en este momento, a principios del cincuenta, esta coyuntura de la llamada "violencia temprana" va a ser el inicio del derrumbamiento del viejo orden moral, el cual se declarará en estado ruinoso a finales de los años 60. La mejor evidencia de ello es el paso inexorable de este turbión sangriento que tiene lugar entre 1949 y 1953,[5]  con sus incidencias en lo inmediato y sus futuras consecuencias. Para la Iglesia este período coincide con el inicio de la cristiandad, su forzoso paso a la modernización, y con el comienzo del fenómeno de la desacralización, de lo cual serán testigos los años sesenta y setenta.

 

Los más citados indicadores de La Violencia de 1949 a 1953 (o de 1945 a 1953, según otros), que corresponden a la primera etapa, hablan de un total de 158.516 muertes perpetradas por razones políticas en todo el territorio nacional[6] (Figura 3). Durante el período de La Violencia, esto es, de 1946 a 1957, Antioquia registró 26.115 muertes, llevando a este departamento a ocupar el tercer lugar en homicidios políticos después del Antiguo Caldas y Tolima[7]. Las cifras dejan concluir que en Colombia está la tasa de muertes intencionales más altas del mundo, con 102 muertos diarios[8], y que por homicidio fallece el 1.56% de la población[9]. Así, mientras que en Colombia fueron afectados 234 municipios, esto es, el 27% de los 842 que tiene la nación, en Antioquia fueron más del 92% de los cien que existen en ese momento[10] en el departamento (Figura 4).

 

No hay propiamente hambre o miseria en Antioquia[11]. Se vive bien en general, aunque la tasa de desempleo ha venido en ascenso y el costo de vida en Medellín es el más alto desde 1939. Un kilo de fríjoles vale $1.30, por ejemplo, y un obrero se gana en Medellín cerca de $190 mensuales, un abogado se gana $275. [12]  Con el jornal diario un campesino puede vivir bien, comprar un buen mercado, y todavía le sobra para tomar trago. Beber buen aguardiente, porque los datos aportados dicen que licor se bebe mucho en el departamento.

 

En 1951 el territorio de Antioquia está dividido en cuatro secciones para efectos de la administración eclesiástica. El más grande, en el que se presenta con razón una mayor complejidad administrativa, es el de la diócesis de Antioquia con solamente 53 curas en acción pastoral, 19 parroquias -en total 26 templos o centros de culto-, y 3.472 habitantes por presbítero en un amplio escenario geográfico que cubre el 44.6% del territorio regional.[13] La diócesis de Jericó, por su lado, tiene 32 parroquias, 110 curas diocesanos y 2.418 habitantes por cada uno dentro de solo el 3.6% del territorio regional. Santa Rosa de Osos, que se acerca bastante al ideal del número de sacerdotes que aseguran la efectividad en la administración pastoral, muestra el pleno control que tiene sobre la feligresía apiñada en los centros más poblados, y por eso no necesariamente sobre la superficie geográfica total de la diócesis, que es el 35% del territorio antioqueño, con sólo 1.077 habitantes por cada cura (el modelo siempre es 1.000 personas por sacerdote), 61 parroquias y 110 centros de culto. La arquidiócesis de Medellín posee por otra parte el más alto número de presbíteros, 275, pero su proporción de feligreses por cura es de 2.156, con 241 parroquias en el 16.7% de la superficie del departamento (Figura 5).

 

En el departamento de Antioquia hay pues un total de 516 presbíteros diocesanos, 304 parroquias y 209 centros de culto para la administración pastoral.[14] La mayoría de ellos ha iniciado su ministerio más o menos recientemente, pues la media de edad del grupo activo está entre los 30 y 39 años, el cual constituye el 44.9% del total.[15] Es decir, hay un muy buen disponible humano en un momento vital de la existencia, caracterizado por las energías, la mente clara y la experiencia suficiente para desarrollar un trabajo apostólico con impacto en la población. La mayoría de ellos tiene una experiencia que no baja de 7 años en el ministerio, y quienes trabajan en las localidades más pobladas, que casi siempre son asentamientos tradicionales, acumulan entre los 11 y los 25 de servicio.[16]

 

Una buena parte de los presbíteros es de origen campesino, inclusive los de la arquidiócesis de Medellín, que en ese momento tiene el 75% de su jurisdicción en el área rural. En el caso de la diócesis de Santa Rosa de Osos el origen de clero está en número significativo en las tierras frías alrededor de Yarumal y de Santa Rosa, y la mayor parte de él es procedente de Don Matías, dato que en este caso incluye al obispo local. Casi ninguno había nacido en las poblaciones en las que se produjo La Violencia. La mayoría vienen de familias modestas, bien constituidas sí, de mediana prestancia social en las localidades a las que pertenecen, aunque sin holgura económica y más bien con estrecheces. No obstante un grupo, no tan grande pero significativo, pertenece a familias adineradas y muy influyentes de la región. Casi todas las familias ricas tienen un cura o varios entre sus parientes, o varias monjas. Seminaristas pobres sí hay, pero muy pocos. Negros no hay en el seminario, la institución tiene una manera tal de seleccionar que hace poco posible que puedan ingresar candidatos que pertenecen a los sectores más bajos de la población. Cuando un adolescente o un niño decide irse al seminario, que queda siempre en la cabecera municipal, rompe con el circuito de lo ordinario en su localidad, y ese hecho se convierte en factor de movilidad social hacia arriba. La población de seminaristas tiende a crecer en este siglo en momentos de confrontación política. En 1949 y 1950 el seminario de Santa Rosa, por ejemplo, incrementó el número de alumnos en un 40% con respecto a años inmediatamente anteriores (Figura 6). 

 

Hay exigencias en la diócesis para demostrar la pureza de raza y el origen blanco y cristiano de los candidatos al ministerio. Como los hijos nacidos fuera del matrimonio se consideran ilegítimos[17], es imposible que puedan ingresar al seminario. Estas condiciones de ingreso al seminario dejan intersticios que evolucionarán de hecho hacia la discriminación partidista. Por ejemplo, a partir de 1945 Mons. Builes exigirá un juramento antiliberal a quienes aspiran a ordenarse en su seminario. Una frase, de factura local, y reminiscente de los conflictos religiosos del siglo XIX, se repite mucho y no demasiado discretamente en medios eclesiásticos del momento: “Liberal y cura. En esa extraña figura o sobra el liberal o sobra el cura”.[18]

 

En el seminario se desarrolla el proceso de la formación de un clérigo, pero cuando llega la edad de optar por las órdenes menores no basta su palabra. Es necesario que certifiquen sus conciudadanos que no es liberal ni modernista. Este elemento constituye no solamente una resonancia de los documentos decimonónicos de los pontífices en la mentalidad antimodernista de la Iglesia colombiana de mediados de siglo, sino un modo de participación de los laicos, del pueblo llano, en la toma de decisión final con relación a la ordenación del candidato. En este caso la probable aportación del laico es de índole moral pero también política. Por eso al párroco del lugar de residencia del candidato le llegan las proclamas del obispo que han de ser pronunciadas en público, y en las cuales se pide concepto del pueblo sobre el candidato a las órdenes. En el seminario, los candidatos están sometidos a un disciplinadísimo ritmo de vida, el mismo que van a imponer, ya de párrocos, en las poblaciones. Tienen una formación humanística de sesgo eurocéntrico con fuerte influencia francesa de la espiritualidad posconciliar tridentina, cuajada de discusiones políticas típicas de la modernidad, y herederas de la controversia antijansenista del siglo XVII, lo cual influirá también en los procesos de trasformación vigentes entonces en este momento en Colombia.

 

Con el clero activo en las parroquias está la jerarquía local agrupada en torno a la sede metropolitana de Medellín que preside el arzobispo García Benítez. Mons. Luis Andrade Valderrama, quien había llegado en 1942 gobernar la diócesis de Antioquia, es un ilustrado hijo de una prestante familia originaria de Santander pero establecida en Bogotá. De la orden franciscana, es en el momento el único especialista en Sagradas Escrituras en América Latina, con doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma. De criterio amplio e inteligente, fue auxiliar de Mons. Perdomo en Bogotá y tuvo diferencias públicas con Laureano Gómez, quien influyó para que fuera relevado de allí. El arzobispo Joaquín García Benítez, conservador moderado, con vínculos parentales con Mons. Andrade Valderrama, llegó en 1945 de Santa Marta, es también proveniente de una linajuda familia  bumanguesa. Hizo estudios de Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma, y fue expulsado de México durante la Revolución Mexicana. Torturado, tuvo que huir en barco desde Veracruz. Nacido en Bucaramanga, pero formado en Bélgica, perteneció a la comunidad de los padres eudistas. Es el obispo de Santa Marta durante la masacre de las bananeras, con una intervención más bien descolorida en ese pasaje cruento de la historia nacional. Mons. Miguel Angel Builes, hecho obispo en 1924 durante el gobierno de Pedro Nel Ospina, es el más experimentado de los prelados antioqueños y nunca ocupó una sede distinta a la de la diócesis en que nació, creció, se educó y fue ordenado obispo. Campesino pobre, no tuvo estudios especiales, se formó en el seminario de Antioquia con clérigos eudistas europeos procedentes de las zonas más católicas de Francia, y fue promovido por Mons. Maximiliano Crespo, a quien sucedió en el gobierno diocesano de Santa Rosa. Conservador radical, con hondas convicciones espirituales, creativo, audaz , manifestó siempre una línea de continuidad inalterable en relación a lo que él consideraba su fidelidad a la Iglesia. Mons. Antonio Jaramillo, campesino pobre y llano nacido en Belmira, formado también en el Seminario de Antioquia, y cercano al célebre obispo de esa diócesis, Francisco Cristóbal Toro, de quien fue su secretario, sin estudios especiales y de tendencia conservadora moderada, es el ordinario de la diócesis de Jericó.

 

Las curias se mueven sobre un esquema colegial con funciones limitadas pero decisivas. El capítulo catedral  y los funcionarios en las distintas áreas pastorales son la base de gobierno, pero el obispo reúne el mando único en sus manos. El capítulo, constituido por prelados de grado menor, los canónigos, son una especie de consejo de gobierno del obispo. Muchos en las diócesis desean poseer alguno de esos títulos pontificios, porque pueden incidir directamente sobre la curia. Estos sistemas de gobierno son acatados y obedecidos.

 

En ese momento la correlación de fuerzas en el interior de la Iglesia en Antioquia y en Colombia es la siguiente: los obispos de Santa Rosa y Jericó se apartan de la manera de pensar del arzobispo de Medellín y del obispo de Antioquia, y así se conforman dos grupos de a dos. Estos últimos a su vez se agrupan en el orden nacional con el arzobispo Perdomo y su auxiliar Luis Pérez Hernández, eudista, además del obispo de Manizales, Mons. Luis Concha C., quienes son el grupo de liberales, frente al resto de los obispos, 47, que son tenidos como conservadores. Pero las principales cartas de la Iglesia son Ismael Perdomo (Bogotá), Crisanto Luque (en Tunja primero y luego primado en Bogotá), Emilio Botero (Pasto), Diego María Gómez (Popayán), Rafael Afanador y Angel Ocampo (Pamplona) y Miguel Angel Builes (Santa Rosa de Osos), [19] todos conservadores menos el primero.

 

El ordenamiento de la diócesis es preciso, sutil, controlado. Es la versión criolla de la estructura monárquica de la Iglesia. El obispo es pontífice, se comunica a través de pastorales y usa el lenguaje mayestático del “Nos” en todas sus comunicaciones escritas, en los sermones, y aún en los coloquios personales. La liturgia cotidiana es expresión de esta gradación de la jerarquía de la Iglesia, y de su papel dentro de la sociedad. Por eso, esas celebraciones no escatiman esfuerzos en mostrar, con el boato y la solemnidad típicamente barrocos que las caracterizan, ese matiz entre sacro y audaz que tienen las intervenciones de las iglesias en la vida de aquellas sociedades locales.

 

Las publicaciones son abundantes. Cada diócesis tiene su publicación periódica, rígida, ortodoxa, para lectores exclusivos -clérigos y seminaristas-, pero rica en contenidos. Es el vehículo de una especie de educación permanente del clero. El Boletín Arquidiocesano de Medellín que de junio de 1949 a julio de 1953 salió 9 veces reproduce textos de la Santa Sede, da noticias sobre cambios de párrocos, coadjutores o vicarios, reproduce documentos de los Padres de La Iglesia. Pero no aparece la más mínima información sobre la escalada de violencia que se vive en la región. No hay alusión tampoco a la presunta intervención del clero en política. En situación idéntica está el Mensajero del Clero, de Jericó. Allí se tratan los casos de liturgia y de moral o de Biblia, ejercicios de debate entre los clérigos en las reuniones regulares de las vicarías. Y El Derecho, de Santa Rosa de Osos.

 

Pero además existen las pastorales, documentos de primera importancia en la iglesia local, que se asimilan por su lenguaje apremiante a las encíclicas pontificias, y por medio de los cuales el prelado comunica sus principales preocupaciones administrativas y doctrinales a la diócesis. En todos los casos circulan  anualmente, y casi siempre al iniciar el tiempo de Cuaresma. Las de Mons. Builes son, sinembargo, más regulares y aluden de manera particular al clima de violencia que vive el país. De los otros obispos cada uno publicó cuatro en este período. Las circulares y los “monita”, algunos de los cuales son secretos, se mueven con más intensidad. De carácter más confidencial, hacen alusiones veladas al clima de inseguridad y de confrontación, pero no suponen ni crean el debate o el análisis de los temas. Las circulares de Mons. Jaramillo son 57 en ese período, es decir, en Jericó fue publicada durante este período más de una comunicación mensual dirigida por el mismo obispo a su clero.

 

La discusión sobre los temas de moral, liturgia y Sagrada Escritura es el asunto de las reuniones de las vicarías, que se hacen cada mes. Las visitas canónicas, efectuadas por el obispo en las parroquias cada cinco años, lo revisan todo y lo preguntan todo con base en un formato enviado de Roma para la visita “ad limina” que el prelado debe hacer a la Santa Sede. Los casos de moral, considerados de mayor gravedad, que son los de temas matrimonial o sexual, se citan en latín. Muchas fuentes orales han revelado que en esas reuniones no se hablaba de la violencia que arreciaba en los municipios en donde se generaban estas conversaciones teóricas mensuales. Las actas halladas tampoco guardan una sola evidencia sobre el tratamiento del tema. Las circulares secretas, y sobretodo la correspondencia personal de Mons. Builes con los párrocos, es extraordinariamente abundante. Al cura de Sabanalarga, por ejemplo, no le escribe menos de dos cartas mensuales durante estos cuatro años, las cuales son respondidas puntualmente con abundancia de datos por parte del corresponsal. La red de información es pues muy densa, lo cual quiere decir que el prelado estuvo muy bien informado sobre casi todos los acontecimientos que con relación a la violencia se produjeron en estos cuatro años, aunque no siempre conociera la entera verdad sobre los hechos al limitar su fuente a una sola versión.

 

Pero no todos los miembros del clero antioqueño son conservadores. Aunque se muestra homogéneo, en realidad hay claras divisiones en su interior. Hay una fuerte tendencia liberal en el clero que se acerca al 35% del total. Vienen de una larga discusión sobre el Concordato que en el año de 1942 estropeó el deteriorado consenso nacional ganado precariamente en la hegemonía conservadora, y por eso se ha mostrado su polarización. De todos modos las reformas liberales de los 16 años de hegemonía liberal que se iniciaron en 1930 y el recuerdo de las guerras religiosas de finales del siglo XIX navegan como fantasmas por las mentes de estos clérigos.

 

El centro vital del clero y de la  sociedad local lo constituye la parroquia. En donde los territorios más extensos propician una mayor dispersión de la población y una mayor variedad en las costumbres, la parroquia tiende a ser más plural en su enfoque pastoral, sobretodo en la diócesis de Antioquia, en las cuales, no obstante, las organizaciones parroquiales, fuertemente unidas a la iniciativa del párroco, resultan casi siempre incapaces de cubrir todo el territorio pastoral. La parroquia vive sobretodo por la práctica de los sacramentos, cuyo ejercicio, intercalado en el ritmo de la vida diaria, crea el espacio hasta donde se extiende su dominio: la Iglesia llega hasta donde llegan los sacramentos.

 

La práctica sacramental pasa a ser entonces señal de pertenencia  social, y como la mayoría de la población comulga, se confiesa, se bautiza, se casa por los ritos religiosos, es decir, practica los sacramentos, la parroquia tiene en sus manos un instrumento seguro de control social. En territorios no incorporados a la sociedad mayor, en donde esa práctica sacramental es más reducida, la parroquia no logra consenso político. Precisamente esos lugares están poblados por mayorías liberales. Los sacramentos pasan a ser entonces muro de contención moral pero también política en aquellas frontera de la cultura. Cómo proceder con los liberales, se había preguntado un cura del clero de Santa Rosa después del 9 de abril. La respuesta fue clara: no hay absolución penitencial para aquellos que se declaran miembros del partido liberal, “no se les pide limosna, los bautizos se les facilitan, pero no se les permiten padrinos liberales, y aunque se confiesen en la diócesis de Antioquia, no se les da comunión, los matrimonios se hacen pero no se les confiesa”[20]. Una instrucción a este propósito enviada por Mons. Builes decía que había que tomar ciertas previsiones para confesar a los liberales[21]. En muchos de los territorios en los que las condiciones exigían una mente más amplia para la comprensión de la problemática política y cultural subyacente a La Violencia, fueron nombrados párrocos de miras estrechas y de posiciones muy definidas acerca del papel hegemónico de lo católico tradicional, lo cual aumentó la tensión entre el líder religioso y su comunidad, hasta el punto de enfrentarlos violentamente.

 

Ahora bien, pesar del peso de las tradiciones de la Iglesia en Antioquia, la metodología pastoral en la arquidiócesis de Medellín ha ensayado en 1952 métodos modernos de evangelización, inspirados en las temáticas modernizantes de la Acción Católica, que intentan romper esos esquemas tradicionales y que consistían en una expansión de su labor pastoral mediante la creación y el financiamiento de obras sociales de carácter más racionalizado. De esta manera la iglesia metropolitana se colocaba como líder de la renovación pastoral de la Iglesia en Antioquia.

 

2. La escalada de la violencia

1949 es el "año crítico", momento del "derrumbe parcial del estado", caracterizado por la quiebra de las instituciones políticas, la deslegitimación y ausencia del estado en muchos sectores del país y por las contradicciones de su aparato armado[22]. Son las últimas elecciones ganadas por los liberales el 5 de junio de ese año las que marcan el comienzo de la escalada de esta violencia, pues a partir del rompimiento de los dirigentes de los partidos comienza el largo período de abstención liberal. Desde mayo se había iniciado una ola de represión luego de la ruptura de la unión nacional, según lo muestran las cifras de hechos violentos ya en este momento.

 

Los picos más altos de la curva de la violencia se alzan alrededor de los tres eventos electorales y de los dos rumores de golpe de estado que tuvieron lugar en ese período. Esas fechas son: el 27 de noviembre de 1949 con las elecciones presidenciales en la cuales resulta ganador Laureano Gómez, un primer rumor de golpe de estado dos o tres meses más tarde, un segundo rumor de golpe en mayo y junio de 1950, las elecciones para senado y cámara del 16 de septiembre de 1951 y las elecciones para renovar las cámaras en marzo 15 de 1953. En esas cinco coyunturas se activó en forma extraordinaria la escalada de violencia en Antioquia. Alrededor de la primera de esas crestas, es decir, durante la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre de 1949,[23] surgen las guerrillas liberales. En Antioquia, con Juan de J. Franco, tienen inicio más exactamente alrededor del 14 de octubre de 1949[24], luego de los hechos violentos que tuvieron lugar en Urrao en esa fecha. A finales de 1950 el conflicto comienza a tener trazas de guerra civil. Muy tempranamente estas iniciativas armadas son deslegitimadas no sólo por el gobierno sino por el mismo partido liberal. Rápidamente se popularizó la palabra chusma para referirse con ribetes míticos a esas agrupaciones alzadas en armas. A esta altura el gobierno no alcanza a tener una percepción clara de la dimensión del problema y por eso no imaginó jamás el grado de desbordamiento al que habría de llegar esta violencia.

 

El país se rige por el más largo estado de sitio de la historia nacional, con la suspensión del poder legislativo desde antes de noviembre 27 de 1949 hasta diciembre de 1951, todo lo cual hizo del gobierno una virtual dictadura. La policía perseguía a los liberales con la complicidad del gobierno y éste, al cometer el error de hacer intervenir al ejército que hasta el momento había permanecido neutral, perdió la posibilidad de que la institución armada más profesional se mantuviera al margen de la contienda partidista. Simultáneamente los partidos perdían por dentro su precaria unidad: a  finales de 1952 se produce la ruptura de laureanistas con alzatistas y ospinistas. Cuando se forman las guerrillas armadas la reacción conservadora no se deja esperar y el gobierno propicia entonces la aparición de fuerzas paramilitares que toman el nombre también muy popular de contrachusmas.[25]

 

Ya desde finales de 1949 hay iniciativas de paz, casi siempre lideradas o apoyadas por clérigos católicos o basadas en la estructura de la organización eclesiástica. En realidad casi a lo largo de todo el período aparecieron diferentes, aunque tímidas, propuestas de paz con la participación de la Iglesia, las cuales nunca pudieron mostrar resultados concluyentes. La violencia tiende a tener una baja en su intensidad durante la precaria vigencia del pacto concertado por los liberales y conservadores en octubre de 1951 que duró solamente hasta febrero de 1952, expresada en una leve pero visible reducción de las operaciones en áreas de combate guerrillero. La guerra retorna poco después y más intensamente en el segundo semestre de 1952, cuando las relaciones de los directorios políticos se rompen de nuevo. Estos hechos coinciden con el anuncio del gobierno de que la Comisión de Estudios para la reforma constitucional anunciada con excesiva insistencia por el gobierno conservador no tomaría en cuenta la presencia numérica de los partidos. La Violencia arrecia de nuevo con motivo del incendio de los periódicos El Tiempo y El Espectador y las casas de los dirigentes liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo el 6 de septiembre de 1952.

 

Ya antes del 9 de abril de 1948 hay un esfuerzo muy decidido de parte del gobierno de Antioquia de conservatizar los municipios que presentaban cierto equilibrio con el liberalismo[26].  En efecto, el período anterior a la llegada a la cúspide de hechos violentos en 1949 es denominado como un fallido intento de conservatización del departamento[27]. Este hecho originó la primera sangrienta reacción del liberalismo, sobretodo en las localidades del Suroeste del departamento, que dispara la definitivamente La Violencia en el territorio del departamento..

 

En Antioquia la escalada de la Violencia, que conforma cuatro fases, se inicia en el Suroeste un mes antes de las elecciones presidenciales de 1949 y se va expandiendo por el territorio de Antioquia en el sentido de las manecillas del reloj. Comienza simultáneamente en el centro del departamento, Medellín y municipios cercanos, y en el Suroeste. Pasa a Urrao y el eje formado por las localidades de la Carretera al Mar. Se dirige después al Nordeste, luego va al Bajo Cauca y más tarde a Puerto Berrío y el Magdalena Medio. Termina en junio de 1953, en un corte seco que sólo pueden explicar el ritmo que esos acontecimientos adquirió. En general al Oriente antioqueño no llegó nunca esta violencia, incluso hubo dos municipios en donde nunca se presentaron incidentes violentos de 1949 a 1953, aunque no dejó de sentirse indirectamente afectado por ella.

 

Desde el 1º. de julio de 1949, cuando se empieza a agitar la candidatura presidencial de Laureano Gómez en el país, se presentan fricciones sobretodo en localidades de la zona cafetera del Suroeste. Pero cuando el 12 de octubre de ese mismo año se conoce su proclamación como candidato presidencial, empieza a subir la curva de la violencia (primera fase) con escaramuzas notables en Támesis, Venecia, Medellín y  Frontino, casi simultáneamente con los sucesos producidos en Bogotá en los que muere un legislador en los mismos estrados de la Cámara, se clausura el Congreso y se declara en estado de sitio el territorio nacional. El 15 de ese mes tiene lugar el incendio de Rionegro. Las localidades en las que se produjo el mayor número de hechos de violencia política en esta primera fase fueron en su orden: Medellín con 45 hechos violentos, Salgar y Turbo con 38 , Támesis (36), Frontino (34), Envigado (30).

 

En ese proceso de agitación política en torno a la candidatura de Laureano Gómez, los conservadores se sienten envalentonados y el liberalismo entra en estado de pánico. Por el tema de las cédulas falsas, muy ligado a la estrategia electoral conservadora, el partido liberal aparece en Antioquia como un delincuente. El lenguaje del candidato conservador es particularmente violento, en Medellín pronuncia el famoso discurso sobre el basilisco, con alusiones religiosas de muerte y sangre, que logran amplia divulgación popular. Característica de esta fase es la guerra simbólica iniciada por el partido conservador que promueve el embanderamiento azul de municipios enteros y estimula la destrucción de los iconos del partido liberal. Ruedan los bustos de Uribe Uribe y Olaya Herrera en una arremetida contra símbolos evocadores de las luchas del pasado liberal. La Iglesia se empeña en promover procesiones con la Cruz de Jerusalén, y es el período más fuerte de la campaña de la Virgen de Fátima. El 29 de noviembre aparece la primera carta pastoral del episcopado nacional pidiendo paz.

 

La segunda fase comienza en febrero de 1950 cuando se presentan los primeros rumores de golpe de estado. Comienzan a consolidarse operaciones de resistencia a la represión del gobierno, ya de manera muy brutal, e iniciativas de ataque en Urrao. La escalada continúa ascendiendo y hacia mayo 9, cuando el presidente electo visita a Medellín, se presentan brotes de ataques liberales en Sabanalarga, Dabeiba, Ituango, Betulia y San Juan de Urabá. El pico más alto de este año con alrededor de 350 hechos violentos se registra durante el mes de agosto, alcanzando su punto más importante el 7 de ese mes, fecha en que el presidente electo toma posesión de su cargo. Se registran violentos incidentes en las poblaciones de Turbo, en primer término, luego Ituango, Dabeiba y Caucasia. Al mes siguiente ocurren acciones violentas en Urrao, Concordia, Dabeiba y Frontino. Las poblaciones más afectadas fueron en este período: Dabeiba con 185 hechos violentos en estos 310 días, Turbo, Ituango, Urrao, Betulia y Sabanalarga.  Se generaliza el aplanchamiento y comienzan los desplazamientos masivos, sobretodo en la zona de Betulia, con la aparición de las primeras iniciativas de organización civil armada conservadora con la anuencia del párroco local. Luego de la muerte del P. Walter Castillo en San Juan de Urabá, la decidida acción de tropas del ejército en Dabeiba y el efímero éxito de la militarización de Urabá, que tiene lugar a finales de este período, hace que el problema se extienda al Nordeste y al Bajo Cauca antioqueños. En la zona de Sabanalarga aparecen los primeros chusmeros.

 

La siguiente cresta que se levanta en enero de 1951 tiene como epicentro a Urrao, en donde se presentan 240 muertes en esos 12 meses. Se registra en las poblaciones de Concordia, Betulia, Mutatá, Dabeiba y Remedios. La violencia vuelve a recrudecerse en vistas a las elecciones para senado y cámara, que se realizan el 16 de septiembre de 1951, y entre mayo y septiembre de ese año tiene lugar una escalada notable (el pico más alto de esta tercera fase) que toca a Urrao, Peque, Sabanalarga y Cañasgordas. Un perfil más bien bajo pero significativo se mantiene en ese momento en Anzá, Sabanalarga, Betulia y Urrao, y se eleva en algunos momentos en Puerto Berrío, Dabeiba y Medellín hacia septiembre de ese 1951, pero cae en noviembre y diciembre no sin antes afectar las poblaciones de Frontino y Buriticá.

 

La escalada es cada vez mas intensa. Las acciones tienen lugar sobretodo en el mes de mayo. La pacificación de Urabá se pone en marcha en medio de un mar de confusiones relacionadas con las fuerzas regulares que muestran al ejército y la policía enfrentados entre sí, y totalmente deslegitimados delante de la población. Crecen los atentados a los símbolos religiosos, comenzando por los significativos sucesos de Peque en los que fueron saqueados la casa cural y el templo parroquial. En medio del desespero de los gobiernos tanto regional como nacional, se lanza una arremetida, que no va a tener buenos resultados, y se bombardea sistemática e inútilmente el asentamiento guerrillero liberal de Pabón y alrededores, en el municipio de Urrao. Se recrudecen los desplazamientos masivos de población sobretodo en esta zona del Suroeste y el eje Urabá, y en el Nordeste de Antioquia. Los municipios más afectados en esta fase son:  Urrao con 240 hechos violentos, Sabanalarga (141), Betulia (139), Dabeiba (132), Concordia, Buriticá y Frontino.

 

Viene la fase definitiva, la cuarta, en la que se presenta la mayor escalada de violencia de todo el período. Entre los guerrilleros liberales antioqueños, que simbolizan la resistencia de la región a la represión del gobierno, existe la sensación de que no se han logrado cumplir las expectativas en el plazo previsto, y se siente cierta fatiga en la lucha por derrocar el gobierno, que creían ya iba a caer. El gobierno central, por su lado, a través del lenguaje del presidente encargado, de características religiosas mesiánicas, deja traslucir su desconocimiento de la gravedad del momento y por eso resulta ambiguo el tratamiento que le da al fenómeno del bandolerismo. Sometidos a la censura de prensa y casi sin información, el país y el departamento se sumen en la incertidumbre. Con la agitación del tema de la Constituyente se eleva el principal pico de La Violencia de junio de 1949 a junio de 1953.

 

La detención de los dirigentes liberales antioqueños, acusados de apoyar la lucha armada, identifica al gobierno regional, que es el autor de esas detenciones, como arbitrario y sectario, y aleja las posibilidades de diálogo en que tanto insisten en este momento los partidos y la Iglesia.

También hay atentados a dirigentes conservadores, como el del director de El Colombiano, que bien podrían provenir de conservadores de la otra ala del partido, lo cual contribuye a agravare el estado de polarización política.

 

La guerra civil se hace más intensa. Crecen espontáneamente los grupos de civiles armados, apoyados por el gobierno y por el partido, y bien vistos también por  algunos sectores de la Iglesia, y en cierta medida estimulados por ellos. Como respuesta a la situación se propone la instalación de las juntas asesoras de las alcaldías, promovidas por el gobierno y apoyadas por el partido conservador y la Iglesia, que también fracasan. En abril de 1952 hay rumores de golpe. Y la violencia, que de enero a marzo ha recorrido las poblaciones de Remedios, Puerto Berrío, Betulia y Dabeiba se estaciona en marzo de 1952 en Caucasia, Urrao, San Luis y Chigorodó. Una cresta vuelve a aparecer de mayo a julio de ese  mismo año y toca a Puerto Berrío, Maceo, Caicedo y Cañasgordas, pero afectando a su paso a Turbo, Betulia, Cocorná, San Luis, Remedios, Dabeiba. Luego, en septiembre de 1952, cuando se producen en Bogotá los incendios de los periódicos liberales y las casas de Lleras y López, se presenta la violencia más intensa primero en Salgar, Betulia, Frontino y Urrao, y luego, con mayor gravedad, para elevarse al pico más importante en noviembre de 1952 en Puerto Berrío, Dabeiba, Frontino, San Roque, Yolombó, Urrao, Cañasgordas y Remedios. Finalmente, un poco después de las elecciones de marzo 15 se reactiva la violencia en Maceo, Mutatá y Anorí hacia abril de l953, cuando cae en picada definitivamente hasta el día del golpe militar (Figura 7).  El epicentro de la violencia se ha extendido pues a la zona del Magdalena Medio y el Bajo Cauca, con alguna proyección sobre la parte más cercana del Oriente. En Puerto Berrío ocurren 496 hechos violentos en menos del año y medio que comprende esta fase. Le siguen las localidades de Frontino, con 295 hechos violentos, Urrao (277), Dabeiba (233), Remedios (222), Maceo (215), Caucasia (157).

 

Los municipios más violentos de junio de 1949 a junio de 1953 fueron en su orden: Urrao, Puerto Berrío, Dabeiba, Frontino, Betulia, Remedios, Turbo, Maceo, Sabanalarga, Caucasia, Ituango, Salgar, Antioquia, Concordia, Betulia (Figura 8). El momento más álgido en 1952. La curva describe un ascenso vertiginoso hacia noviembre de ese año, cuando se concreta en el país la reunión de la Constituyente promovida por el gobierno de Laureano Gómez, y un descenso estrepitoso de la cifra de hechos violentos a partir de ese momento hasta el golpe de Rojas Pinilla (Figura 7).

 

3. La liturgia y el lenguaje de la politica

Fuera de su tradicional injerencia de orden político, la Iglesia está presente en la vida de los municipios también a través de la expresión de su liturgia. En la localidad todo el tiempo es de Dios. El decurso natural de los días va construyendo un tiempo sagrado, a través de vistosas y masivas ceremonias, herederas del barroco, que se celebran cotidianamente y en especial en las grandes festividades, en parroquias y catedrales. En esas circunstancias el cura se asegura que dos propósitos se cumplan prioritariamente: ser escuchado desde el púlpito -cátedra sagrada de la sabiduría, como es llamado ese lugar - y que todos los miembros de la sociedad reciban todos los días la sagrada comunión después de haberse confesado debidamente. De lunes  a viernes, desde las 5 y cuarto de la mañana se realiza el despliegue de estas actividades en el templo parroquial. Las campanas suenan desde esa hora para anunciar el rezo del Ave María, y no dejan de marcar el ritmo de la vida municipal hasta el atardecer. Ya en la caída del sol hora son los triduos, los trisagios, las procesiones y las confesiones, después de un largo día de misiones rurales alternadas con despacho parroquial.

 

Este ritmo de vida se entrelaza con una imagen temporal más amplia que se extiende a todos los momentos del año, y que hace posible que cada mes tenga un significado místico. Se trata del año litúrgico.

 

Para la población la actividad diaria en todos los órdenes tiene como referencia las estaciones principales de ese año que son la Navidad, la Semana Santa, la Virgen del Carmen, las patronales, Corpus y San Isidro. Pero cada mes tiene un signo espiritual: enero es el mes el Santo Nombre de Jesús, febrero, de la vida oculta de Jesús, marzo es San José, abril es Cristo como redentor, mayo es el mes de Virgen María como madre, en junio el Sagrado Corazón de Jesús. Los datos muestran que la curva de La Violencia se levanta durante estos cuatro años en momentos en que la liturgia logra concentrar a grandes masas de creyentes para realizar esas celebraciones en las cabeceras municipales. Y que los motivos marianos de esas fiestas siempre sirvieron de marco a las más intensas escaladas de La Violencia en Antioquia. Las cifras de hechos violentos se elevan principalmente en mayo, mes de la Virgen María, y se sostienen en agosto, el mes de la Asunción, septiembre, mes del Bendito Nombre de María, y octubre el del Rosario. Hay que concluir que el tiempo de la Virgen María siempre fue el tiempo de la violencia en Antioquia[28] (Figura 8).

 

Construida sobre el aparato simbólico de la liturgia, la vida de la parroquia gira alrededor de la febril actividad del cura quien se dedica regularmente a la fundación y asistencia de colegios y escuelas, a la realización de misiones, romerías, procesiones, reuniones masivas, al culto cuidadoso mañana y tarde, a darle vitalidad a las cinco divisiones clásicas de la feligresía: hombres, mujeres, señoritas, jóvenes, niños, a fundar hospitales y casas de beneficencia, predicar contra la inmoralidad y los vicios, celebrar con pompa las grandes fiestas. La feligresía está organizada por las asociaciones, que vinculan a todos los estados y géneros de personas, gamonales, funcionarios, campesinos,  en organizaciones parroquiales tales como la Pía Unión de Hijas de María,  Archicofradía del Santísimo para señoras, la del Sagrado Corazón y la Venerable Orden tercera para señores, la reunión de San Luis Gonzaga para jóvenes y la Cruzada Eucarística y la Santa Infancia para niños. Organizaciones que reúnen a no menos del 95% de la población. Junto a ellos están la Propagación de la fe, la Cofradía del Santísimo, las Catequistas,  la Santa Infancia, la Hermandad de la Virgen del Carmen, la Venerable Orden Tercera, la Congregación de Madres Católicas, todas de carácter más especializado.

 

El ritmo de la vida mantiene las características del catolicismo colombiano de este siglo: gran dinamismo en torno a motivos que han sabido guardar el tinte barroco de las prácticas católicas: misa constantemente,  piedad en torno Santísima Virgen, frecuencia de la confesión, oración mental, vida de gracia, vida sin pecado mortal. Procedente de una preocupación de data medieval, la eucaristía, celebración de un sacrificio incruento, según la teología tridentina difundida en los seminarios, ocupa el lugar central de esta ritualidad.  El ámbito sagrado que abarca la parroquia se inscribe más allá del mismo centro del culto. Los templos rurales, con la sobriedad del estilo gótico o la exuberancia del barroco, tienen rasgos comunes que las hacen aptas para estos propósitos, así como ese despliegue de la liturgia conserva los rasgos de la contrarreforma.[29] Son el principal punto de referencia en la vida social. Su ámbito va hasta la plaza, en donde al sonar la campanita que anuncia los momentos cruciales de una función litúrgica, todos en el mercado se silencian, se quitan el sombrero y se arrodillan. Se extiende a los campos en donde monumentos a la Virgen, muchos de los cuales fueron destruidos durante La Violencia, las cruces, los “via crucis” y los calvarios, que rememoran la muerte de los caídos y que proliferaron en este período de La Violencia, son expresión del ámbito religioso único que conforman. Todos estos elementos, que configuran la vida diaria de la localidad marcan también la trama sobre la cual se teje la violencia. No se podría entender esa violencia sin conocer la vida de la parroquia, centro en el cual al mismo tiempo se percibe el sufrimiento que aquella confrontación generó en su seno.

 

El púlpito supo guardar una estrecha relación con la política y una decidida enemistad con la cantina. Y aunque desde él se escucharon voces que llamaron a la reconciliación y a la concordia, también se hicieron oir arengas y señalamientos, con carácter sagrado, que soliviantaban los ánimos y estimulaban el uso de la violencia. Tanto que los partidos no tuvieron inconveniente en hacer del lenguaje litúrgico su forma de hablar, para apropiarse la estructura de poder que quedaba configurada en el aparato de la ritualidad oficial y en las enseñanzas del catecismo. Muchos documentos de los partidos y las intervenciones de líderes, que alcanzan gran popularidad, y que sirvieron de condimento a la violencia, hacen uso del lenguaje de la liturgia para exponer sus estrategias políticas. Un panfleto, parodia de esos textos, circuló en Antioquia en abril de 1950 y ponía de presente la apropiación de la piedad y de las enseñanzas católicas por parte del partido conservador. Es un volante con las imágenes del presidente Ospina Pérez y del jefe supremo del conservatismo, Laureano Gómez, con un «Santo Credo conservador», una «invocación» y un «Catecismo conservador», que dice en algunos apartes:

Creo en Mariano Ospina Pérez todo generoso, creador del cruce y de la Unión Nacional; creo en Darío Echandía, su único ministro, que fue concebido por obra y gracia de la ira y del intenso dolor que nació en Chaparral del Tolima; que padeció bajo el poder de Jorge Eliécer Gaitán, fue designado, derrotado y anulado; descendió al izquierdismo y resucitó entre los amotinados el nueve de abril...(). [30]

 

El carácter de cruzada religiosa que tomó el fenómeno de La Violencia en el vórtice de la lucha política[31] es a su vez denunciado por un panfleto liberal fechado a mediados de 1952, el cual ponía en duda la eficacia de la Iglesia en la solución del problema de la violencia. El texto, que se titula “Paz godo-clerical. La paz una nueva farsa”, dice:

Se utiliza un elemento pasivo, la mujer y la sotana. Vino primero Mícara con todos su arreos de color a fascinar a ignorantes. Después la Virgen de Fátima, la Divina Providencia puso fin a la farsa, pues la imagen cayó en el avión de Bucaramanga. Después la Cruz de Jerusalén, un pedazo de palo. El clero que declara la guerra, ahora predica la paz. Curas encabezan los ejércitos de chusma y dirigen la acción a sangre y fuego. Se acabó el clero guerrero y sanguinario.[32]

El documento marca los hitos que sirvieron de punto de referencia a la acción de la Iglesia en el periodo: la primera visita que un prelado de alta categoría hacía a Colombia, el cardenal Mícara, como prueba de una presencia tangible de la Santa Sede en Colombia, las peregrinaciones por todo el país de la Virgen de Fátima y las procesiones con la Cruz de Jerusalén.

 

La acción de la Iglesia antioqueña durante La Violencia está marcada por cuatro momentos. En el primero es evidente su preocupación por neutralizar las elecciones. Va de finales de 1948 a febrero de 1950. No obstante, los comicios celebrados el 5 de junio de 1949 se convirtieron en una jornada de desconocimiento de la autoridad de la Iglesia. Por eso en las localidades del Suroeste, en donde comienza la violencia, varios párrocos conservadores ejercen  presión política sobre los liberales para que abandonen su partido. En los hechos de Urrao, con motivo de la visita de la Virgen de Fátima, hieren al padre Herrera como expresión de protesta de los conservadores contra el clérigo. Hay disidencia en el clero antioqueño en torno al candidato conservador, y parte de él se manifiesta contra Laureano Gómez, no  hay pues consenso desde el principio en torno al personaje que llegará a ser elegido presidente. El incendio de Rionegro pone de presente el enfrentamiento de las localidades con distintas filiaciones partidistas, y su configuración a la vida religiosa doméstica pues el crimen se preparó en el marco de las fiestas patronales de Envigado, de donde viajaron conservadores a incendiar la vecina localidad de mayoría liberal.

 

En el segundo momento, la iniciativa de acción política corresponde ahora a muchos párrocos, sobretodo de la diócesis de Antioquia, que tratan de proteger a los liberales agredidos por los conservadores. El protagonismo lo asume Mons. Andrade, quien defiende al partido liberal. Al lado de él luchan los padres Blandón, Jiménez y Osorio de su diócesis. Muchos párrocos se enfrentan en la práctica, inclusive en la diócesis de Santa Rosa de Osos, al gobierno regional, por los abusos del ejército y de la policía contra liberales o conservadores. Durante este período, que coincide con la segunda fase de La Violencia, hay fuerte campaña de la Virgen de Fátima, con procesiones y concentraciones que resultan contradictorias por la polarización que generan, en 25 de las cien localidades municipales de Antioquia.

 

Se reduce el número de atentados contra lo religioso, aunque el asesinato del P. Walter Castillo en agosto de 1950, a manos de liberales en un caserío del extremo occidental de la diócesis de Antioquia, manifiesta la agresión de que puede ser objeto el clero. En resumen, dos mundos se contraponen: el gran terror en la diócesis de Antioquia y el color de fiesta en la arquidiócesis de Medellín con motivo de la celebración del Sínodo, que tiene resonancias regionales y de la Coronación de la Virgen de la Candelaria patrona de la ciudad que se celebra precisamente en el pico más alto de la violencia en esta fase. La definición dogmática de la Asunción de la Virgen, otro de los temas agitados por la Iglesia a través de la liturgia, es aprovechada también por el gobierno para mostrar gran consenso con la Iglesia, sobretodo con la Sede de Roma.

 

En el tercer momento, de marzo 50 a diciembre de 1951, la Iglesia se propone hacer una exhortación a la paz, y lanza una gran promoción de la parroquia como el punto de partida de esta iniciativa. El 3 de febrero de 1951 Mons. Builes publica una pastoral sobre la violencia, que tiene particular resonancia, porque coincide con una nueva escalada. A partir de este momento vuelven a ser más insistentes las intervenciones de la Iglesia a través de declaraciones públicas y circulares de carácter más interno. En mayo 15 de 1951, por ejemplo, Mons. Andrade denuncia el grave estado del orden público en su diócesis. El 14 de se reúne la Conferencia Episcopal en Bogotá y produce una exhortación a la paz y la concordia ampliamente divulgada no sólo en las diócesis antioqueñas sino en todo el país. El documento despierta en las localidades una intensificación de los atentados a objetivos religiosos, comenzado por los significativos sucesos de Peque en agosto de 1951, de donde junto con la población el cura hubo de salir “exiliado” por la amenaza liberal. La iniciativa de acción de la Iglesia antioqueña es más dinámica, pero a nivel de los párrocos, no tanto de las autoridades jerárquicas. El debate a través de los medios, en la Hora Católica en emisoras de Medellín, pone en evidencia la división interna de la Iglesia local. Hay contradicciones entre el gobierno regional civil y el gobierno de la diócesis de Santa Rosa de Osos, hecho sin antecedentes: el gobernador Braulio Henao M. no reconoce que sean ciertas las denuncias de Mons. Builes sobre abusos de autoridades en localidades de su diócesis. La Conferencia episcopal nacional se pronuncia después de que pasa todo con un mensaje sobre la paz.

 

El 4 de marzo de 1951 el cura de Urrao se pone en contacto con el jefe guerrillero Juan de J. Franco para hacerle propuesta de dejación de las armas. A pesar de la buena voluntad mostrada por el cura y de la respuesta interesada del jefe guerrillero, la iniciativa, que se extinguió siete meses después, no tuvo buenos resultados, por la inconsistencia de la propuesta y por el desdén con que fue mirada tanto por las autoridades civiles como por las religiosas.

 

En el cuarto momento, de enero de 1952 a enero de 1953, la Iglesia continúa su compaña en favor de la paz, pero elude la confrontación política directa. El clero antioqueño se muestra menos compacto que nunca. Hay claras diferencias de criterios políticos entre la arquidiócesis de Medellín y la diócesis de Santa Rosa de Osos. Los curas aparecen de nuevo muy enfrentados, pero hay más protagonismo del ala conservadora del clero. La Iglesia oficial, muy silenciosa, se muestra con señales de cansancio y en medio de una gran prudencia sale de la confrontación político-partidista abierta, con excepción de Mons. Builes, quien cada vez que escribe se exhibe más beligerante. Hay una fuerte iniciativa de la arquidiócesis de Medellín por desarrollar un trabajo extensivo de carácter social. “Juntas patrióticas” constituyen la más discreta actuación de la Iglesia, pero esa idea tampoco da buenos resultados. Al final de este momento el gobernador de Antioquia convoca al episcopado local para analizar el tema de la violencia.

 

A finales de 1952 el presidente de la República es condecorado por la Iglesia, y a Mons. Miguel A. Builes le otorga el gobierno la Cruz de Boyacá. Casi al mismo tiempo, sin aparentes motivos sale Mons. Andrade Valderrama de la diócesis de Antioquia. De enero de 1952 a junio de 1953 la Iglesia sale del escenario. Solo empezará a manifestarse de nuevo con la caída de Laureano Gómez.

 

De una imagen de la Virgen de Fátima que recorrió algunos municipios del departamento de octubre de 1949 a  enero de 1951 se difundió un ambivalente prestigio, que la acompañó hasta su silencioso final, tanto de calmar la violencia como de estimularla. Enviada de España por el controvertido arzobispo coadjutor de Bogotá, Juan Manuel González A., llegó a Medellín a mediados de 1949 y su protagonismo coincide con la primera escalada de La Violencia en Antioquia. Concentraciones masivas de creyentes se produjeron al paso de la peregrinación de la imagen por pueblos y caseríos. La romería comenzó en julio de 1949 en Puerto Berrío y terminó en enero de 1951 en Medellín, luego de haber recorrido en ese tiempo los principales escenarios de La Violencia en Antioquia  y de haber reunido en torno a ella miles de creyentes que en ocasiones se valieron de ella para afianzar la presencia del partido conservador en una localidad, como sucedió con su paso por Urrao, en donde fue motivo de graves disturbios protagonizados por conservadores contra los liberales, y en los cuales fue inclusive herido un sacerdote.

 

En su tránsito a Dabeiba por Antioquia fue causa de un incidente con el obispo local, quien prohibió su ingreso a su jurisdicción, hecho que se registró como signo de la polarización religiosa en la región en torno a La Violencia. En la lucha contra el comunismo fue la principal aliada del gobernador Berrío, y su carácter como icono de la doctrina conservadora se hace más desafiante cuando el 11 de octubre de ese mismo año el alcalde de Medellín la nombra por decreto como “conductora de la lucha anticomunista”[33]. Inspirado en la lucha ideológica del Salazarismo en Portugal, de donde es originaria la devoción, el recorrido mariano termina con la amarga sensación de que esas procesiones le han prestado un pésimo servicio a la convivencia política regional.

 

4. Odium cleri et plebis

 

Un documento hallado en Sabanalarga, y fechado en octubre de 1952 expresa la mentalidad religiosa popular en medio de la confrontación violenta del momento:

Señor Juan de Jesús Holguín: Estimado amigo rresevi tu carta en la cual nos dices que lleve

mos los niños a Bautizar; por aqui supimos que el padre nos deseaba la muerte a todos, que

en el Pulpito decía que de la Garrucha para acá chico y grande; Esas palabras si podrian ser de un  ministro de Dios,¿ Ud lo sabe mejor si es susto o mentira; también supimos disque bajó a Orobajo  de carabina terciada: por eso aqui en este lado no lo llamamos Padre, sino el Principal chusmero de Sabanalarga. y por esos motivos es que no llevamos los niños a bautizar, menos de que no can-bien ese chusmero, que nos decea la muerte, tantas

veces. "Cuando la comición venía, y llega a alla y le conta-ban a el, que abían matado a muchos; disque él los aplaudia y decia que hay ivan acabando con la sangre mala. Pero Dios estaba con nosotros que no nos dejó pasar nada y sin que decirle. Tus amigos de este lado, que estamos vivos por el poder de Dios"[34].

 

En la garrapateada misiva dice una madre campesina que no quisiera que el cura de la parroquia bautizase a sus hijos. De la misma manera que los ministros restringen el acceso a los sacramentos a liberales, los padres de los niños, liberales,  se niegan a que los curas conservadores los administren. La carta se refiere a un párroco que en ese momento es un hombre altamente politizado en la diócesis de Santa Rosa de Osos y que es acusado allí de celebrar con aplausos la muerte de sus feligreses liberales.

 

De los 518 sacerdotes que en ese momento trabajan en Antioquia,  unos 105, es decir, el 20%, intervienen abiertamente en política, como consta en los registros tanto de los archivos eclesiásticos como oficiales del gobierno de Antioquia[35]. De ellos 28 son de la diócesis de Antioquia, es decir, más de la mitad de los curas que operan allí tienen incidencia directa sobre la trama política de la región. Treinta de la diócesis de Santa Rosa de Osos, que equivale al 27.5% de la totalidad de su clero también participan en política activa. En Jericó es el 22.7% (16 sacerdotes) y en Medellín el 9% , es decir, 21. Esas intervenciones se refieren a muchos aspectos. A la petición de dichos clérigos para cambios de funcionarios, sobretodo de alcaldes e inspectores que no son de su agrado o conveniencia moral, administrativa o política. A que aparecen en listas de visitadores del partido en el poder en las cuales son reputados como buenos colaboradores “de la causa” conservadora. A que algunos son mencionados en circunstancias de confrontación política y de ellos se dice que soliviantan los ánimos de un grupo político contra otro. O por ser acusados como impugnadores de los feligreses que se dicen liberales. O aparecen solicitando armas o ayuda a las autoridades para el control del orden público. O están involucrados en la creación y apoyo de cuerpos armados de civiles o fungen como denunciantes de atropellos y de violencia contra ciudadanos o poblaciones.

 

Ahora bien, en cuanto a su filiación política aparecen los siguientes casos. Los que denuncian injusticias y atropellos contra liberales (casos de los padres Jiménez . Osorio y Blandón, de Antioquia, y Yepes, Restrepo y Jaramillo en Santa Rosa). El grupo que dialoga con bandoleros para llegar a presuntos acuerdos (caso del cura de Urrao, padre Manuel Ramírez o de Jiménez o Azarías Osorio en Dabeiba y Juntas), éstos son tildados de liberales en un 43%. El 30% se manifiesta abiertamente conservador, sobretodo en la diócesis de Santa Rosa. Un 14% interviene en el nombramiento de funcionarios. El 7% aparece pidiendo armas o intervención armada y el 4% apoyando o estimulando las agresiones físicas a liberales o conservadores.

 

El criterio y la acción políticos de este clero, muchas veces clandestinos o disimulados, no son compactos en el entorno diocesano con respecto a la problemática que presenta La Violencia. Es fácil ver en Medellín a un clero heterogéneo en su manera de pensar, pero proclive a apoyar al  gobierno conservador en la práctica. El de Santa Rosa se percibe más solidario en torno a las orientaciones de su obispo, aunque no dejan de percibirse asomos de disidencia. Allí se presentan más casos de apoyo de curas a las iniciativas conservadoras de armar civiles. En la diócesis de Jericó la corriente es más abiertamente conservadora, con algunos casos de disidencia liberal, pero muy firmes y arraigados. En Antioquia se dan casos de apoyo a los liberales, que no resultan del todo aislados con relación al criterio del obispo y en general de la diócesis.

 

La disensión no se presenta solamente en la base, en donde es fácil ver  a un clero no totalmente compacto en su manera de pensar y unido totalmente a su prelado. No existe consenso tampoco entre los cuatro prelados. El obispo de Antioquia, Mons. Andrade, según el sentir de Mons. Builes, fue objeto del “odium cleris et plebi”, el odio del clero y la plebe. La frase latina se usa para interpretar una circunstancia en la cual quien tiene un ministerio sagrado es odiado por la comunidad a la cual sirve. Como el clero de la diócesis de Antioquia, incluido su prelado, se inclinó más a la defensa de los liberales sobretodo durante el primer ataque conservador, el obispo de Santa Rosa se la aplicó a éste para apoyar el argumento que demostraba el disenso del obispo de Antioquia. Hay documentos que muestran a Mons. Builes también como objeto de mucho rechazos. Para él ese odio es parte del sacrificio que su apostolado le impone por su entrega decidida a hacer el bien. En el caso de su colega en el episcopado su actitud tolerante en la compleja maraña política de la diócesis de Antioquia era una agresión a la fe católica. Mons. Andrade perdió finalmente el apoyo de la Santa Sede, y salió de la diócesis en medio de una enorme pesadumbre a finales de 1952, casi al mismo tiempo que Mons. Builes recibía la Cruz de Boyacá, que le fue concedida durante el gobierno de Laureano Gómez, y su promoción al solio pontificio que le concedió la Santa Sede. El obispo de Antioquia, enfrentado a la problemática de una diócesis de mayorías liberales, pasaba por ser un obispo liberal, es decir, una extraña figura, “en la que sobra el cura”.

 

El odio de la gente por los dirigentes religiosos se expresó también casi a lo largo de todo el período de La Violencia, con una notable intensificación hacia mayo de 1950, cuando se declara la segunda fase, de  ataque y destrucción de símbolos que pertenecen a la entraña misma de la cultura religiosa de la región. De este modo fue asesinado por liberales en Turbo, diócesis de Antioquia, y su cadáver profanado, el joven presbítero Walter Castillo, mientras celebraba un matrimonio en julio de 1949, el anciano padre Herrera fue apaleado por la turba conservadora en Urrao durante la procesión de la Virgen de Fátima, en Acandí fue atacado el cura párroco por la chusma liberal, en Urama el P. Azarías Osorio fue varias veces desafiado y amenazado públicamente por funcionarios públicos del partido conservador por defender a unos campesinos liberales de la violencia. Siendo párroco de Remedios, el cura Santiago Echeverri, fue vejado y traído a Puerto Berrío por la chusma liberal que pretendía ejecutarlo. De la misma manera fueron amenazados y despojados de sus bienes el P. Zapata, a quienes los guerrilleros le robaron parte del ganado de una finca de Urrao, y el Padre Giraldo, en Caicedo, a quien le fue incendiada su residencia por los liberales.

 

En Abejorral fue interrumpida a bala una procesión de Corpus Christi que terminó con un guardia de Rentas herido. En Fredonia machetearon el cuadro del Corazón de Jesús del Directorio Liberal, en Dabeiba destruyeron un busto de la Virgen de Fátima, en Peque fue saqueada la casa cural y destruida la estatua de una Virgen de Fátima. En Caucasia profanaron la casa cural, y otro cuadro de la Virgen de Fátima y del Corazón de Jesús quedaron hechos pedazos durante un ataque de grupos armados liberales a la población.

 

 Las destrucciones de imágenes religiosas siguen a los ataques de las poblaciones y están acompañadas de escritos en las paredes o de gritos que denuncian las razones ocultas pero esenciales de esta confrontación armada, y que tiene que hacer uso de armas como los motivos religiosos. Significa sobretodo que La Violencia llega hasta el alma misma de la cultura religiosa de Antioquia, como una forma de mostrar el grado de cohesión que tiene con ella.

 

Fuentes

Escritas:

Archivo Histórico de Antioquia, AHA,

Archivo de la Oficina Judicial de Medellín, AOJM,

Archivo de la Arquidiócesis de Medellín, ACAM,

Archivo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, ACSO,

Archivo de la Diócesis de Jericó, ADJ

Archivo de la Arquidiócesis de Antioquia, AASA

Archivo de la Familia del guerrillero liberal Juan de J. Franco, AFCF

Archivo Personal del Padre Ramón Ramírez, APRR,

Archivo de la Familia Widemann, AFW

Archivo del Seminario Mayor de Medellín, ASMM

Archivo del Seminario de Santa Rosa de Osos, ASRO

Archivo de la Familia Echeverri, AFE

Archivo Parroquial de Betulia, APB

Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, FAES

 

Orales:

30 entrevistados: curas, guerrilleros, campesinos

 

Prensa:

El Colombiano

El Correo

El Diario

El Tiempo

 

Estadísticas:

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Anuario de la Iglesia Católica en Colombia, 1948. Bogotá, s. p. i., 1948.

Anuario de la Iglesia Católica en Colombia, 1951. Bogotá, s. p. i., 1951.

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Panorama Estadístico de Antioquia. Siglos XIX y XX. Bogotá, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 1981

República de Colombia. Economía y estadística, Revista del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, IV Época, No. 83, Bogotá, junio de 1957, año XIII, pp. 1-87.

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[1] En ese año hay 15 millones de habitantes en el territorio nacional, es decir, menos de la décima parte de la población de Colombia en el 2000. Las cifras de Pécaut, Daniel. Orden y violencia. Colombia 1930-1954. 2 vols. México, Siglo XXI, 1987, p. 489s. son las más elaboradas. Antioquia tiene el primer lugar en densidad poblacional, con 24 habitantes por kilómetro cuadrado, le siguen Tolima (32) y Valle (52), ver el Anuario General de Estadística 1953, p. 21. La distribución de la población por sexos es de 51% para hombres según el Panorama Estadístico de Antioquia Siglos XIX y XX, Bogotá, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 1981, p. 69.

[2] Ib. p. 72. Economía y estadística, Revista del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, IV Época, No. 83, Bogotá, junio de 1957, año XIII, p. 55. Hay 374.486 analfabetos, esto es, el 31.5% del total de habitantes.

[3] Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, Biblioteca Banco Popular, 1978, p. 80

[4]Roldán, Mary J. Genesis and evolution of La Violencia in Antioquia, Colombia, 1900-1953. Harvard University, Ph. D. Thesis, 1992,  p. 268.

[5] "El viejo orden moral, del cual la Iglesia era el escudo, se ha derrumbado a finales de los años 60 y no ha sido reemplazado por nada. La política ha dejado de suscitar pasiones ". Ver Pécaut, Daniel. "Pasado, presente y futuro de la violencia en Colombia". En: Blanquer, Jean Michel, Christian Gros, ed. La Colombie à l'aube du 3ème millenaire. Paris, Institut des Hautes Ètudes d'Amérique Latine, 1996, p. 20.

[6] Temprana de 1948 a 1953. Tardía de 1954 a 1966, con 34.501 muertos, para un total de 193.017.  Ver  Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1978, p. 322.

[7] Antiguo Caldas: 44.255 y Tolima 30.912. Seguido de Norte de Santander con 19.424, v. Oquist, P. o.c. p. 322.

[8] Según el mismo Oquist, o.c. p. 11,  de 1948 a 1950 hay por motivos políticos 112.000 muertos en Colombia, a razón de 37.333 muertos anuales, es decir 102 diarios. Y Franco, Saúl. El Quinto, no matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia. IEPRI, Tercer Mundo, Bogotá, 1999, p. xvi, registra 338.378 muertos de 1975 a 1995, esto es, 16.919 cada año y 46 muertos diarios.

[9] Lemoine citado por Oquist, o.c. p. 64.

[10] Oquist, o.c. 72

[11] En El Colombiano de diciembre 3 de 1949 el presidente de la ANDI, José Gutiérrez Gómez, afirma: “la situación económica es hoy la mejor conocida ” en Colombia.

[12] Sueldos en el medio militar el 9 de marzo de 1951: un almacenista se gana 175 pesos, un ayudante hábil 187.50 pesos, un abogado 275 pesos, AHA Gobierno Ramos DG 013, f 37a.

[13] Anuario Estadístico p. 24. Para medir el impacto pastoral que puede ofrecer la diócesis de Antioquia, basta comparar estos datos con los que muestra en ese mismo momento la arquidiócesis de Madrid que en una superficie de menos de 8.000 kilómetros (Antioquia tiene 40 mil), para 1.901.53 habitantes hay 281 parroquias, 571 centros en total y 936 curas, esto es, a razón de 2.100 habitantes por cura.

[14] No se contabiliza aquí el clero regular ni el foráneo, ni tampoco las comunidades religiosas femeninas y masculinas, porque es el clero diocesano el más involucrado en la vida de las localidades, por sus intereses, origen, articulación en la vida, estabilidad, y sobretodo porque está ligado más estrechamente al obispo.

[15] Todos los datos son de los Anuarios Eclesiásticos de 1948, 1951 y 1953.

[16] Anuario de la Iglesia Católica en Colombia 1949, 1951 y 1953.

[17] Código de Derecho Canónico, CIC, de 1918.

[18] P. Luis Ospina informa,Testis Fidelisp.

[19] Oquist o.c. p. 250

[20] APRA legajo 7, documento fechado en 1956

[21]Zapata Restrepo, Miguel. La mitra azul. Miguel Angel Builes: el hombre, el obispo, el caudillo. Medellín, Beta, 1973.

p. 437.

[22] Oquist, o.c. p. 225

[23] Ya para este momento se habían calmado parcialmente las provincias de los Santanderes y Boyacá, pero ahora la fuerza de la violencia se desplaza al pie de monte Llanero, a los Llanos del Casanare y el Meta, al Sumapaz, al Bajo Cauca y al Magdalena Medio y al Tolima, a la zona de Urrao, para no retornar a la calma sino en junio de 1953 con la amnistía ofrecida por Rojas Pinilla.

[24] Los frentes de Eduardo Franco y Guadalupe Salcedo en Cusiana, Arauca, y San Martín en los Llanos Orientales, las de Gerardo Loaiza y Jacobo Frías Alape en el sur del Tolima, quien estableció contacto con los guerrilleros agraristas del alto Sumapaz, encabezados por Juan de la Cruz Varela. Palacios, Marco. Conferencia sobre las violencias en Colombia, en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2 de marzo de 1999, versión de Gustavo Mesa, p. 12

[25] AHA, Gobierno Ramos, DG 008, fs 542 a 548. Este documento refleja una etapa muy avanzada de

[26] Roldán, M. o.c. p. 217.

[27] Roldán, M.o .c. p. 217. Los votos liberales en junio 5 de 1949 fueron 98.349 contra 130.586 que son los conservadores. Es el departamento con más alta votación conservadora. Le sigue Boyacá con 103.648 contra 38.249 liberales. Los pueblos seguían siendo liberales.  Roldán, Mary. Hegemony and Violence: Culture, Class, and Politics in 20th Century Antioquia, Informe final presentado a COLCIENCIAS, CRECE y Planeación Nacional, 23 de junio, 1998, p. 44

 

[28] Entrevista con prelado de 70 años, de la curia de Jericó, octubre 2 de 1999.

[29] Martimort, J. La Iglesia en Oración. Herder, Barcelona, 1990,  p. 48

[30] El Diario, Medellín, abril 13 de 1950.

[31] Pécaut, Daniel. "Pasado, presente y futuro de la violencia en Colombia". En: Blanquer, Jean Michel, Christian Gros, editores. La Colombie à l'aube du 3ème millenaire. Paris, Institut des Hautes Ètudes d'Amerique Latine, 1996, p. 13.

[32] AHA, Gobierno Ramos, DG 008 , cuya probable fecha es de mediados de 1952.

[33] Ver decreto correspondiente

[34] Se conserva la redacción original del documento hallado en Sabanalarga, y con fecha c. Enero de 1953.

[35]Esta cifra, obviamente, no es definitiva. El rastreo de esta información es una tarea que apenas comienza.

 

 

 

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